Lula da Silva, Brasil, prisión

La condena

El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha entrado en la cárcel tras ser condenado a 12 años de prisión. El revuelo social que ha causado y sigue causando en Brasil todo el proceso solo es comparable al impacto internacional que supone ver entre rejas a uno de los iconos de la izquierda latinoamericana y mundial. Las voces a favor y en contra del exmandatario reflejan la trascendencia de un hecho que probablemente marque el devenir de la República y su futuro político inmediato.

Durante meses y, sobre todo, en los últimos días –a raíz de la orden de detención que emitió el juez Sergio Moro tras el rechazo por parte del Tribunal Supremo del habeas corpus presentado por la defensa de Lula–, hemos podido escuchar y leer opiniones de todo signo del proceso contra el expresidente, denuncias de fraude judicial y de persecución política. Parece normal que, al estar hablando de una figura fundamental en la historia reciente del gigante latinoamericano, responsable de sacar a 30 millones de brasileños de la pobreza durante sus dos mandatos (2003-2010), se puedan escuchar argumentos tan opuestos dentro y fuera del país, con una izquierda mundial que va a rebufo del neoliberalismo, sin salir de la dinámica de resistencia, sin capacidad de tomar la iniciativa y que parece agarrarse de forma corporativa a sus últimos referentes políticos.

Este artículo es un humilde intento por contextualizar los hechos y recopilar los distintos elementos que durante los últimos años hemos podido ir leyendo en los medios de comunicación; elementos que han rodeado el juicio a Lula con los que tratar de entender, más allá de la batalla ideológica, de dónde nacen las suspicacias, cuando no denuncias de fraude y persecución, en torno al proceso judicial que ha llevado al líder brasileño a prisión.

Luiz Inácio Lula da Silva en su época de presidente de la República Federativa de Brasil​​​​. Fotografía de Ricardo Stuckert / Presidência da República. Agência Brasil (Secretaria de Imprensa e Divulgação). vía Wikimedia Commons.

“Chicos, si abro la boca, esta república se desmorona”

Estas palabras han sido atribuidas al cambista Alberto Yousseff. Estamos en marzo de 2014; la Policía Federal andaba investigando ciertas irregularidades en el abastecimiento de puestos de lavado de coches en el marco de la Operación Lava Jato (lavado de autos), cuando destapan una red de blanqueo de dinero que les lleva a detener a Yousseff, con antecedentes criminales y extrañas relaciones con altos cargos políticos, y más tarde a Paulo Roberto Costa, ex director de Abastecimiento de Petrobras. Es el momento en el que estalla toda la operación y se inicia el conocido como Caso Petrobras, una mastodóntica red de corrupción cuyo engranaje afecta a todos los partidos políticos y a muchas empresas nacionales e internacionales.

Petrobras es la petrolera estatal de Brasil, una de las mayores empresas estatales de toda América Latina; produce alrededor de 2 millones y medio de barriles de crudo al día y da trabajo a unas 87.000 personas. La Operación Lava Jato descubrió cómo, a través de Petrobras, se realizaban desvíos de dinero para sobornar a políticos y altos cargos a cambio de concesiones y contrataciones públicas, y que ha ido destapando casos de presunta malversación o de financiación ilegal de campañas electorales. La operación traspasó las fronteras cuando se detuvo al empresario Marcelo Odebrecht, propietario de la gigantesca constructora Odebrecht, cuya complejidad ha llevado a un nuevo caso en sí mismo y que se está investigando también en Estados Unidos.

Desde que se iniciara la operación, las detenciones no han parado. Se ha detenido a políticos de todos los niveles, desde concejales a exministros y expresidentes. El parlamento actual (el mismo que destituyera a la presidenta electa Dilma Rousseff), tiene al 60% de sus diputados imputados por corrupción, muchos de ellos enmarcados en alguna de las aristas de Lava Jato.

El caso Petrobras acorrala a Lula

En agosto de 2015 es detenido un exministro del primer gobierno de Lula, José Dirceu, quien además ayudó a fundar el Partido de los Trabajadores (PT). Al mismo tiempo, ya se estaba investigando a diversos políticos y senadores. En noviembre, un senador del PT, Delcidio Amaral, detenido por obstrucción en la investigación, confiesa e implica a la todavía presidenta Dilma Rousseff y a Lula.

Más adelante comienzan las imputaciones a Lula por diversas causas. La primera tiene lugar el 9 de marzo de 2016, cuando la Fiscalía de São Paulo le acusa de lavado de dinero y ocultación de patrimonio en relación a un apartamento tríplex. Sería la primera de un total de cinco causas abiertas en su contra, de las cuales cuatro se enmarcan dentro del caso Petrobras: una tiene que ver con Odebrecht y el Instituto Lula, donde la acusación sostiene que se ofreció a Lula 12 millones de reales por unos terrenos, así como un apartamento (sería la segunda causa contra el expresidente); la tercera es por lavado de dinero y tráfico de influencias, y está relacionada con unos aviones de combate suecos que compró el Estado brasileño, y por los que Lula habría recibido una mordida a través de la empresa de su hijo Luis Claudio, además de interceder en la concesión de beneficios fiscales; la cuarta causa abierta tiene que ver con la compra del silencio de ciertos cargos, y por lo que está acusado de obstrucción a la investigación, aunque la Fiscalía ha pedido archivar el caso por falta de pruebas; por último, una acusación de tráfico de influencias, lavado de dinero, corrupción pasiva y formación de una organización delictiva junto a Marcelo Odebrecht entre 2008 y 2015, al favorecer la obtención de contratos para Odebrecht en Angola.

Pasos que ha ido dando Lula

En todo este proceso, los pasos de Lula también han sido discutidos. Hay quienes han hablado de intentos de evitar a la Justicia tanto buscando inmunidad como usando su capacidad de convocatoria social, y hay quienes plantean que ha transitado el único camino que le permitía una justicia corrompida y politizada que estaba yendo a por él. Repasemos algunos de los pasos que dio Lula desde que se abriera la primera causa.

En 2016, en el mismo mes en que se iniciaba la investigación por el apartamento tríplex de Guarujá, la presidenta Dilma Rousseff le nombraba ministro de su gobierno, lo cual le daba inmunidad frente a la investigación. Una medida que duró un solo día, pues el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) suspendió el nombramiento y devolvió el proceso al juez Moro. En agosto quedaría definitivamente destituida la presidenta Rousseff tras el polémico juicio político (impeachment) llevado a cabo por la oposición, y Michel Temer era investido.

Para cuando Lula es condenado en primera instancia, ya sonaba como posible candidato del PT a las presidenciales, e incluso se le incluía en alguna de las encuestas realizadas. Él no renunció a esta posibilidad tras la condena, y comenzó a recorrer el país realizando actos y convocatorias sociales en las que hacía una incontestable demostración de fuerza. Durante el resto de 2017, mientras se añadían causas contra él, todas las encuestas iban evidenciando su favoritismo para ganar las elecciones presidenciales. En enero de 2018 se oficializaba en el PT su candidatura.

Finalmente, con manifestaciones a favor y en contra de su encarcelamiento, Lula se entregó a las autoridades tras un último discurso en el que aseguró que la revolución no se acababa, porque en la calle había “millones de Lulas”.

El caso del tríplex de Guarujá

Como hemos visto, el expresidente tiene aún muchas causas abiertas. Sin embargo, una vez puestos en contexto, nos vamos a centrar en la primera de todas, que es por la que se le ha condenado y por la cual ha entrado en prisión.

La Fiscalía acusó a Lula de haber recibido por parte de la constructora OAS un apartamento tríplex en el municipio de Guarujá, en el litoral de São Paulo, valorado en 1,1 millones de euros, a cambio de contratos públicos con Petrobras. La Fiscalía se basaba en el testimonio del expresidente de OAS, Léo Pinheiro, que ya andaba preso para entonces, y que aseguraba que el apartamento pertenecía a Lula. A partir de aquí, la acusación se admitió a trámite y comenzó la investigación.

El 12 de julio de 2017, Lula es condenado en primera instancia a 9 años de prisión. El 24 de enero de 2018 tiene lugar la revisión de la condena en segunda instancia, y aumenta a 12 años. El 7 de marzo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechaza el recurso de habeas corpus que había presentado la defensa de Lula para evitar el encarcelamiento hasta que se agotaran todos los recursos posibles, de manera que el juez Moro ordena su ingreso inmediato en prisión.

¿Qué irregularidades se han denunciado en este proceso?

En primer lugar, se ha denunciado la arbitrariedad con la que el juez Sergio Moro ha llevado el caso, tanto por algunas de sus declaraciones, en las que prácticamente admitía el uso ampliado del derecho contra un “mal mayor” que era la corrupción (convirtiéndose casi en acusador antes que en juez), como en su utilización de los medios de comunicación de una manera que ha fomentado el linchamiento mediático y la sensación de “caza de brujas”. Esto se ha puesto de manifiesto, sobre todo, en dos momentos: primero, cuando la policía detuvo a Lula en su casa para ser interrogado sin más (el propio Lula dijo que, de haberle solicitado que se personase para declarar, lo habría hecho); un interrogatorio del que no se sacó ninguna conclusión importante, pero que casualmente tuvo a los medios esperando en la casa de Lula para grabar la detención. El segundo momento es cuando el propio juez Moro filtra a la prensa la grabación, al parecer ilegal, de una llamada telefónica entre Lula y Dilma el día antes de ser nombrado ministro, donde no se dice nada especial, pero que buscaba evitar dicho nombramiento mediante la presión mediática.

En segundo lugar, la falta de pruebas en el caso del tríplex. A día de hoy, y tras toda la investigación, la única aportación de la acusación sigue siendo el testimonio de Leo Pinheiro. Sin embargo, no se han aceptado los 72 testigos que ofreció la defensa, de los cuales ninguno vinculaba el apartamento con el expresidente. Únicamente se confirmó que Lula lo visitó una vez junto a su familia, pero no pasó noche allí ni disponía de las llaves. El expresidente declaró que fueron a verlo porque su mujer quería comprarlo, pero que no llegaron a hacerlo. Es impensable, según los juristas que denuncian las irregularidades de este proceso, que una sentencia de esta gravedad se base únicamente en el testimonio de un solo testigo que habla después de haber llegado a un acuerdo para la reducción de su condena, y no se acepte igualmente investigar los testimonios de los testigos de la defensa. Por lo demás, no existe ningún contrato que acredite que el inmueble pertenece a Lula, no hay recibos ni prueba material alguna. De hecho, en la propia sentencia del juez Moro, no se logra explicar qué acto de corrupción pasiva habría realizado el expresidente para lograr el favor de OAS; se habla de “actos indeterminados”, es decir, actos que el propio juez desconoce, y por los que sin embargo se condena al acusado.

En tercer lugar, los juristas denuncian la diferencia de trato si se compara con otro caso, el de Aécio Neves, líder del PSDB, contra quien sí se tienen pruebas materiales, pero que por el momento no ha entrado en prisión. Además, la celeridad del caso es totalmente anómala comparado con el resto.

Presiones al Tribunal Supremo de Justicia

Por último, la presión que se ha ejercido sobre el TSJ para que rechazase el recurso de habeas corpus que había presentado la defensa de Lula. La votación corría a cargo de 11 jueces. Había un caso muy particular que daba esperanzas a los defensores de Lula, el caso de la jueza Rosa Weber. En 2016, el TSJ había aprobado que la condena en segunda instancia era suficiente para el ingreso en prisión del acusado, antes de que se agotasen todos sus recursos; en ese caso, Weber votó en contra, al considerar que un acusado debía permanecer en libertad hasta que agotase todos los recursos que podía presentar. A partir de ahí, se mantuvo fiel al criterio del Supremo en varias ocasiones, salvo en el caso de una mujer que había robado en una iglesia. Pero a sabiendas de su posición, quedaban esperanzas de que su voto fuera favorable al habeas corpus de Lula. Las esperanzas siguieron alimentándose cuando Rosa Weber dio la razón a la defensa en otra votación: como el tribunal que había condenado a Lula en segunda instancia se tenía que pronunciar sobre la pertinencia de encarcelar ya al expresidente, sus abogados solicitaron al TSJ que suspendiese cualquier orden de detención que se dictase antes de la votación sobre el habeas corpus. En este caso, Weber dio la razón a la defensa de Lula.

Durante todo este tiempo, la presión mediática para que se denegase el habeas corpus fue una constante, sobre todo de parte de Globo, el principal medio de comunicación del país. Pero fue en los días previos al fallo sobre el habeas corpus cuando empezaron las presiones más explícitas, llevadas a cabo por miembros del Ejército que sugerían la posibilidad de un golpe militar en caso de que Lula no fuera encarcelado. En Twitter, el comandante Eduardo Villas-Boas afirmaba lo siguiente: «Aseguro que el Ejército brasileño juzga compartir el anhelo de todos los ciudadanos de bien de repudio a la impunidad y de respeto a la Constitución, del mismo modo que se mantiene atento a sus misiones institucionales». En respuesta, otros generales lanzaban mensajes como estos: «COMANDANTE!!!. Estamos juntos en la misma trinchera», o «Tengo la espada al lado, la silla equipada, el caballo listo y aguardo sus órdenes!!». Por su parte, el general Lessa, en declaraciones a la prensa recogidas por el diario Estadao, afirmó: «Si ocurriese tantos cambios en la ley, no tengo duda de que solo queda la intervención militar. Las Fuerzas Armadas deben restaurar el orden». Mensajes que incluso Amnistía Internacional ha condenado por amenazar al estado de derecho.

Por supuesto, no podemos saber a ciencia cierta si estas presiones han influido en la decisión de los jueces. El caso es que Rosa Weber, que se posicionó en 2016 contra la posibilidad de que un acusado pudiese entrar en prisión con la condena en segunda instancia, sin agotar sus recursos, y que votó a favor de que se suspendiese cualquier orden de detención a Lula que se dictase antes del fallo sobre el habeas corpus, terminó votando contra el habeas corpus, dejando un empate a 5 que se resolvió contra el expresidente por 6 a 5. La magistrada declaró que había votado en contra «independientemente de mi posición personal respecto al tema de fondo, y resguardando mi punto de vista al respecto». Tras esta decisión, Sergio Moro ordenó el ingreso inmediato de Lula en prisión.

Lula da Silva todavía tiene cuatro causas abiertas que podrían aumentar sus años de cárcel. Queda saber si esta primera condena supondrá una inhabilitación para ser elegido presidente en las próximas elecciones. El PT ha confirmado que mantiene su candidatura y que seguirá hasta las últimas consecuencias.

Lula se entregó a las autoridades prometiendo que demostraría su inocencia.


FUENTES CONSULTADAS

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  • Himar Reyes Afonso

    Canario en la capital, estudió para dedicarse al cine, aunque lo que siempre ha hecho es escribir. Ha co-escrito un guion de teatro para la obra original del showman Alberto de Paz y tiene un par de largometrajes en la despensa. Escribe también sobre actualidad política en su blog personal, La Lógica del Kruger, y algunos artículos han sido publicados en la sección “Librepensadores” de Infolibre y en el portal Rebelión. Iniciándose en organizaciones de la sociedad civil como ATTAC o la campaña Stop TTIP. Colabora en 7iM desde principios de 2016, convencido del proyecto, sobre todo, porque puede escribir lo que le da la gana.

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