TTIP, el coloso que viene (II)

Regreso al futuro mirando al pasado

«Dios bendiga el libre comercio», Adán Barrera, patrón fictico del cártel de Sinaloa.

Don Winslow, El poder del perro (2009)

Los esfuerzos por conocer los detalles del texto de negociación ante la falta de transparencia se debe a la vital importancia que tiene un acuerdo internacional de estas características, que va a incidir en la vida de millones de personas y que, tal y como expone la Campaña No al TTIP, su aprobación sería, en la práctica, irreversible. Esto se debe a que los tratados de tipo económico suelen tener compromisos a largo plazo; muchos de ellos no pueden anularse hasta pasados cinco años de su entrada en vigor, y si se llegase a firmar su anulación, las inversiones efectuadas hasta el momento tienen una vigencia de 15 años, de manera que la normativa se impondría prácticamente sin interrupción durante al menos 20 años, tiempo en el que un país puede cambiar su parlamento hasta cinco veces, de manera que sería casi imposible sostener una trayectoria política estable que tumbase el acuerdo.

Esto queda evidenciado con la experiencia del NAFTA (North America Free Trade Agreement), vigente desde 1994, y cuya experiencia nos sirve para comprender el alcance de los tratados de libre comercio.

El NAFTA en México

El NAFTA ha sido más importante en México que en EEUU o Canadá, puesto que México es el país menos desarrollado y las autoridades mexicanas incumplieron algunas de sus promesas, como la inversión en infraestructuras o la protección de derechos económicos y sociales. Planteaba el sociólogo costarricense Rodolfo Ulloa Bonilla en 2006 que «en los primeros nueve años del TLCAN (siglas en español del NAFTA) se han creado 8 millones de nuevos empleos… el 55,3% […] no cumplen con ninguna de las prestaciones de ley que son solo tres: seguridad social, gratificación de navidad y 10 días de vacaciones al año».

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) realizó un informe en 2006 valorando los efectos del NAFTA en México. Sobre la alimentación, el informe explica cómo, debido a las fronteras abiertas y a la corrupción en la aduana, no hay control sanitario.

Por ejemplo, el maíz con aspertosina, que produce un hongo cancerígeno y se permite en EEUU para consumo animal y solo para uso industrial cuando supera cierto grado de concentración, se introduce en México y la gente pobre lo termina consumiendo porque se vende barato. Lo mismo pasa con la carne con Quelbuleterol, la leche con hormonas de crecimiento hechas con sustitutos lácteos, o sueros vegetales, o los pollos con altas dosis de antibióticos. En este apartado, el informe concluye: «una gran proporción de población desnutrida, y otra altamente obesa, con enfermedades del primer y el tercer mundo».

Su incidencia ha sido también evidente en el trabajo. La crisis agraria y la quiebra de pequeñas y medianas empresas han mermado el mercado nacional. Sin embargo, según los funcionarios encargados de temas económicos, esto no se debe al libre comercio ni a los tratados comerciales, sino a la incapacidad de algunos sectores atrasados de adaptarse a las condiciones de competitividad internacional. Por supuesto, ni el NAFTA ni ningún otro tratado comercial puede sostener la responsabilidad absoluta del devenir de una economía nacional, pero para los autores del informe de la FIDH era sorprendente la separación que hacían los funcionarios entrevistados entre las cuestiones técnicas y las sociales. Sea como fuere, lo cierto es que los aspectos laborales y ambientales han estado en retroceso desde que se implantase la normativa. La mayor flexibilización a través del trabajo por hora ha sido el eje de la reconfiguración en el modelo laboral. El NAFTA, unido a las políticas de los gobiernos durante los años, ha tenido efectos positivos sobre el comercio pero no ha aumentado el empleo. Los datos del sector manufacturero (el gran exportador de México) revelaban en 2001 un 4,2% menos de empleo que en 1993. Un empleo de mala calidad, sin seguro social ni vacaciones, además de que el 44,5% de los asalariados trabaja sin contrato.

Se configura un proceso de reducción de expectativas. En 10 años de NAFTA, se desplazaron alrededor de 2 millones de campesinos, que terminaban en las maquilas (fábricas de manufactura textil) dispuestos a aceptar la mayor precariedad. Mano de obra barata en un trabajo que resulta agobiante, con graves consecuencias en la visión y la espalda, así como trastornos mentales.

También contribuye en el trastorno de la economía nacional, puesto que en un modelo donde el estatus se adquiere con la capacidad de consumo, ante la falta de dinero se buscan ingresos en la economía ilegal. Casi el 60% del empleo es informal y la mitad de mismo está vinculada a actividades ilícitas. Hablando de México, no se puede obviar el narcotráfico. El periodista británico residente en Ciudad de México Paul Imison, colaborador de Vice News y El Daily Post, afirma que:

«ha habido numerosos estudios que vinculan las políticas neoliberales como NAFTA y CAFTA (Central America Free Trade Agreement) con el crecimiento del narcotráfico, desde el caso de agricultores mexicanos que recurren al cultivo de marihuana ante la competencia estadounidense, a los barcos costarricenses dedicados a la pesca de arrastre a los que les quedan pocas alternativas aparte del contrabando de cocaína».

En 1993, el entonces presidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari, aseguraba que el NAFTA contribuiría a reducir el número de emigrantes que abandonaban México para buscar mejor fortuna en EEUU. Sin embargo, dicho número pasó de 370.000 en 1993 a 770.000 en el 2000, coincidiendo con la inundación del mercado mexicano por el maíz subvencionado producido en EEUU. A su vez, los mexicanos clandestinos en EEUU pasaron de 4,8 millones en 1993 a 11,7 millones en 2012. Curiosas paradojas, quizás aquí resida el motivo por el cual Donald Trump, el del muro, está en contra del TTIP.

Los datos globales dibujan claramente un marco de ganadores y perdedores. El nivel de pobreza extrema pasó del 16% al 28% solo en los 5 primeros años de vigencia del tratado. En 2015, la pobreza alcanzaba al 52% de la población. Esta situación genera un esquema insostenible de pobreza-violencia-represión, conformando una secuencia que ha terminado por colocar a México prácticamente como un Estado fallido, corrompido por el narcotráfico, absolutamente desigual, violento y represivo.

Pero también hay beneficiarios: los datos de crecimiento lo ponen las rentas del capital y los grandes capitales transnacionales, que incluye a la oligarquía de los tres países firmantes. En México está el ejemplo de Carlos Slim, una de las principales fortunas del mundo, cuya riqueza aumentó entre 1994 y 2014 (20 años de NAFTA) de 6.000 a 73.000 millones de dólares. La prueba principal de que las empresas transnacionales son las grandes beneficiarias es que ellas solas generan de beneficios el equivalente al 15% del PIB de México.

En cuanto al crecimiento anual, desde 1994 la media está en un 1,1%. El PIB por habitante en México había aumentado un 102% entre los años 60 y 80. Si hubiese mantenido ese ritmo de crecimiento, hoy se situaría cerca del nivel de vida europeo.

El NAFTA en Canadá

De la experiencia en Canadá, lo más destacable es la aplicación del mecanismo ISDS (Investor-state dispute settlement), o arbitraje de diferencias inversor-Estado. Esto no es sino un instrumento de derecho internacional (existen más) firmado por más de 140 países. España lo firmó en 1994 con el gobierno socialista. Se trata de tribunales privados de arbitraje a los que una empresa transnacional puede acudir si considera que un Estado ha perjudicado sus intereses aplicando alguna ley o reforma determinada.

Tribunales privados. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, que no tienen en cuenta las legislaciones nacionales y, según cuenta en Diagonal Álvaro de Regil, coordinador de la Alianza Global Jus Semper, muestran un sesgo a favor de las empresas, empezando por el hecho de que solo la empresa puede demandar al Estado, nunca al revés. Son privados, sin control ciudadano y sin posibilidad de apelación. El CIADI, el más famoso tribunal de arbitraje, depende del Banco Mundial. Cuenta Álvaro de Regil que, quienes llevan estos procesos «son los inversores institucionales de los mercados financieros, quienes a su vez son dueños de las transnacionales y quienes se encargan de cabildear los tratados en secreto, como sucede ahora en los casos del Acuerdo Transpacífico (TPP) y de la Asociación TransAtlántica (TTIP)».

En el mismo artículo explica Luis Rico, miembro de Ecologistas en Acción, «Los árbitros pertenecen a una camarilla de diez bufetes, y pueden actuar a veces como consejeros de multinacionales, otras como fiscales, como árbitros…, pueden ser jueces y parte. Además, no tienen ingresos fijos como jueces, sino que ganan por el número de casos, unos mil euros la hora, así es que están interesados en que haya muchos casos, y para que haya muchos casos los inversores tienen que tener muchas expectativas de ganar».

El abogado Hermenegildo Altozano, con larga experiencia en materia de protección de inversiones y arbitraje en América Latina, afirmaba en el programa Fort Apache que «es lo más normal que hay en los tratados de promoción y protección recíproca de inversiones». En efecto, la resolución de disputas comerciales está contemplada en cualquier alianza comercial mediante un panel de arbitraje. Lo que se busca es alcanzar un clima de seguridad y confianza, de manera que si un Estado asume un compromiso específico, quien se ajusta a esa norma tiene derecho a la confianza legítima. Básicamente, merece la garantía de que no se van a cambiar «las reglas del juego», o en caso de que así sea, merece ser indemnizado. Altozano recuerda que «lo dice la propia Constitución española con el principio de seguridad jurídica. El Tribunal Supremo, en bastantes ocasiones, ha fallado a favor de aquellos señores que confiaron en que las normas se iban a mantener durante un tiempo y ajustaron su conducta económica. Ejemplo, la moratoria nuclear: se construyeron cinco grupos nucleares, se cambió después el criterio sobre las centrales nucleares y se indemnizó a los inversores por medio del pago de la moratoria nuclear».

Lo único que necesita una empresa para arreglar las diferencias es un contrato, una normativa que considere infligida como la de cualquier tratado de libre comercio. Es entonces cuando aparecen los tribunales de arbitraje para salvaguardar la seguridad y protección de inversores. Parece razonable, desde un punto de vista. Sin embargo, es seguramente el elemento más polémico y que mayor indignación causa de los TLC, incluido el TTIP. ¿Qué sucedió en Canadá?

En Quebec existía un amplio rechazo popular al fracking, una técnica consistente en extraer los depósitos de gas de las formaciones rocosas de esquisto, un proceso destructivo que contamina el agua, el aire y puede producir terremotos. Basándose en el principio de precaución, el gobierno de Quebec estableció en 2011 una moratoria, ampliada en 2012, con la intención de hacer una evaluación medioambiental. En respuesta a ello, la empresa Lone Pine Resources Inc., con registro en Delaware, Estados Unidos, interpuso al Estado de Quebec una demanda exigiéndole una indemnización de 250 millones de dólares a través de un capítulo de protección de inversiones del NAFTA.

Nos encontramos con que la decisión soberana de un país para proteger el medioambiente y preservar la salud pública, termina con una demanda millonaria por parte de una empresa transnacional que ve perjudicados sus intereses comerciales. Una institución pública, representante de la soberanía popular, frente a una empresa privada y extranjera en un tribunal privado, con la amenaza de millones de dólares que quizás tenga que pagar para que la empresa no perfore el río St. Lawrence. Es esta la perspectiva que en la práctica queda manifiesta, cuando los detractores de estos tribunales se preguntan: ¿puede una multinacional amenazar con demandas millonarias a un pueblo que toma decisiones democráticas en un país libre?

El NAFTA en Estados Unidos

Lo que se dijo y lo que pasó. Algunos defensores del NAFTA reconocían que podría aumentar el paro en EEUU, pero los trabajadores estadounidenses podrían comprar productos importados más baratos. Sin embargo, también había quienes aseguraban todo lo contrario. En 1993, el investigador del Peterson Institute for International Economics (PIIE), Gary Hufbauer, afirmaba que el NAFTA aumentaría el excedente comercial de EEUU respecto a México, de manera que se crearían 170.000 puestos de trabajo en los dos años siguientes a su entrada en vigor.

Hoy, el precio medio de alimentos en EEUU ha aumentado un 67%. En cuanto al empleo, solo el aumento del déficit comercial de EEUU respecto a México supuso la destrucción de unos 700.000 empleos entre 1994 y 2010. El EPI (Economic Policy Institute) consideraba que el NAFTA había contribuido a la desaparición de 1 millón de puestos de trabajo en el país.

Dos años después de la puesta en marcha del NAFTA, Hufbauer decía en el Wall Street Journal lo siguiente: «La lección que yo saco a nivel personal de esto es que no tengo que aventurarme en el terreno de las previsiones».

Glosario

TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership. En español: Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI), a menudo expresado como Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones. Es el tratado de libre comercio que negocia la Unión Europea con Estados Unidos

CETA – Comprehensive Economic and Trade Agreement. En español: Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG). Es el tratado de libre comercio firmado entre la Unión Europea y Canadá. Actualmente está aprobado y solo falta la ratificación de los estados miembros, y se está debatiendo hacerlo de una de las dos siguientes maneras:

• La Comisión propone el CETA como un acuerdo “solo de la EU”, lo cual significaría que un voto en mayoría del Consejo y del Parlamento Europeos sería suficiente para ratificarlo.
• La Comisión propone un acuerdo “mixto”, lo cual significa que el CETA se puede ratificar solamente después de que lo aprueben los parlamentos de los 28 estados miembros de la EU.

TiSA – Trade in Service Agreement. En español: Acuerdo sobre Comercio de Servicios (ACS). Para muchos, el acuerdo más grande y peligroso, cuya primera filtración la realizó Wikileaks en junio de 2014. Este acuerdo incluye a más de 50 países de todo el mundo y deja fuera a China.

TPP – Trans-Pacific Partnership. En español: Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (ATCE). Es un tratado de libre comercio multilateral ya firmado por los gobiernos de los países que negociaron durante 5 años su contenido. Involucra a EEUU y a otros 11 países: Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, México, Perú y Chile. Actualmente está pendiente de la ratificación de los Congresos de cada país.

NAFTA – North Amercia Free Trade Agreement. En español: Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN). Este tratado entre EEUU, México y Canadá entró en vigor en 1994 y ha configurado definitivamente la realidad económica de los países norteamericanos en los últimos 20 años.

ISDS – Inversor-state dispute settlement. En español: Arbitraje de diferencias inversor-estado. Se trata de un sistema de arbitraje de disputas comerciales recogida en el derecho internacional basado en un tribunal privado mediante el cual una empresa puede demandar a un Estado si considera perjudicados sus intereses comerciales ante alguna medida legislativa llevada a cabo por este.

CIADI – Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones. Se trata de una institución perteneciente al Banco Mundial encargada, al igual que el ISDS (y otros muchos) de resolver disputas comerciales entre empresas y países.