Renta Básica Universal, Barcelona Income, BIncome

Entrevista a Eduardo González de Molina Soler

El experimento Barcelona Income, una aproximación a la implantación de la Renta Básica Universal

Eduardo González de Molina Soler (Las Palmas de G.C., 1990) es sociólogo y politólogo por la Universidad Carlos III de Madrid. En Barcelona realizó el posgrado en Economía y Filosofía política en la Universidad de Barcelona y el Máster en Políticas Públicas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra y la Johns Hopkins University. En los últimos meses ha trabajado, junto a Lluís Torrens, en la Dirección de Planificación e Innovación del Ayuntamiento de Barcelona, y luego como asesor técnico del proyecto piloto del B-INCOME (Barcelona Income). En la actualidad  desarrolla su actividad como investigador en la JHU-UPF Public Policy Center.

***

¿Qué es B-INCOME?

Es un experimento que pone en marcha el Ayuntamiento de Barcelona en el Área de Derechos Sociales, donde hay un “think tank” interno que se llama Dirección de Planificación e Innovación Social, cuya intención es generar instrumentos, estudios y  análisis para producir propuestas de políticas públicas innovadoras. En ese contexto de estudio, constatamos que las rentas mínimas que existen en España y en particular en la Comunidad Autónoma de Cataluña no sirven para reducir la pobreza, porque su cuantía es baja, tienen muy poca cobertura y además exigen demasiadas condiciones a los hogares que lo necesitan; históricamente no han sido muy exitosas. Barcelona tiene una importante bolsa de pobreza en su población y necesita una política de garantía de rentas que la reduzca. Ahora, ¿cuál es la mejor política de garantía de renta, cuál es el mejor diseño? Eso es lo que está en discusión hoy en día.

Este espacio de innovación, que cuenta con financiación europea (Urban Innovative Actions), lo que busca es hacer un experimento social. Lo que se hará es elegir una muestra de mil hogares, divididos en cuatro grupos de tratamiento y uno de control, y diseñar los requisitos que deben cumplir para poder acceder a la renta o no. Los grupos de tratamiento tienen características sociodemográficas similares  al grupo de control, al que no se le da la renta. De ese modo se puede realizar un experimento natural en el que se puede comparar cual ha sido la mejora relativa de un grupo respecto a otro, esto es clave: se pueden extraer conclusiones causales.

El Barcelona Income trabaja con cuatro grupos de tratamiento, cada uno de 250 familias, en donde habrá distintos grados de condicionamiento para el acceso de la renta. La clave es que los grupos de tratamiento se diferenciarán porque unas familias tendrán muchos condicionantes, por ejemplo que tenga que aceptar el primer empleo que se le ofrezca, o que no puedan moverse de Barcelona, y otros grupos tendrán que cumplir menos requisitos para beneficiarse de esa ayuda. Así se podrá observar si aumenta la empleabilidad en aquellos grupos que tengan más condicionalidad que en aquellos que tengan poca.  Este experimento nos permitirá mesurar los efectos negativos o positivos de un aspecto concreto de lo que se llama Renta Básica Universal (en adelante, RBU), su incondicionalidad. Es decir, el B-INCOME no es un experimento sobre la RBU, pero sí experimenta con la incondicionalidad, una de las 3 características esenciales de la RBU (individual, universal e incondicional).

¿En qué fase se encuentra el experimento?

Todavía no está en marcha, se va aplicar a partir de octubre y tendrá una duración de dos años. La elección aleatoria de las familias se realizará en este mes de septiembre. Pero, aclaro, no se trata de un experimento de RBU porque las personas que van a participar son desempleadas, con lo que ya hay una condición, y la RBU es para todos, con o sin empleo. Y también hay otro sesgo, porque las familias serán escogidas entre aquellas que tengan las rentas más bajas.

¿Este tipo de experimentos se han desarrollado ya en otros lugares?

Sí, hay otras ciudades que han o están investigando temas relacionados con distintos tipos de política de garantía de rentas. Pero por ahora  no se puede decir que se haya hecho o se esté haciendo un experimento específico y completo de RBU. El proyecto que más se acerca se está desarrollando en Finlandia, pero tampoco se trata de la RBU —hay mucha confusión en los medios de comunicación al respecto—.  También se están llevando a cabo experimentos en la ciudad de Utrecht (Holanda), Ontario (Canadá), así como ha habido otros en el pasado, como en Manitoba (Canadá) en 1974-1979 que puso en marcha un experimento interesante sobre una renta de garantía de ingresos financiada con un impuesto negativo a la renta.

Lo que se está buscando es saber cuál es el mejor diseño específico que permita reducir pobreza, reducir desigualdad y aumentar la empleabilidad de aquellas personas que están en una situación de vulnerabilidad.

La RBU no solo busca reducir pobreza o garantizar unos ingresos mínimos para que la población menos favorecida pueda subsistir y cumplir con el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sino que al ser universal busca garantizar la existencia a toda la población y dotarle de libertad para poder planificar nuestras vidas. Esa universalización se ancla en un paradigma que supera lo que se denomina el Paradigma de la Focalización, es decir, al igual que entendemos que la Sanidad y la Educación son universales, ¿por qué las rentas no lo son? Entendemos que la universalización genera un vínculo con el Estado del Bienestar, genera ciudadanía, más igualdad e incluso un mejor servicio porque hay más ingresos.  Pero, ¿qué experiencia hay que nos pueda dar algún atisbo de que la RBU pueda ser aplicable? Lo más parecido se da en Alaska desde hace unos treinta y cinco años, donde hay un fondo soberano (Alaska Permanent Fund) que obtiene rentas derivadas del petróleo que hay allí y anualmente se reparten unos ingresos a toda la población. Curiosamente, allí ha gobernado hasta Sarah Palin, que es del Tea Party. Con lo que hay que decir que existen diferentes propuestas de RBU. La propuesta de la derecha neoliberal en la que se justifica este tipo de renta a toda la población busca que nadie se salga del ‘juego’ de la economía de mercado.

Para que sigan consumiendo…

Que sigan consumiendo, que no salgan nunca del proceso de mercado, esa es un poco la idea de la derecha, pero la verdadera trampa es que esta renta sustituiría a las actuales políticas del Estado de Bienestar. Se reducirían al mínimo a cambio de una renta básica.  Es decir, se busca que nos paguemos la sanidad, la educación, las pensiones en el mercado utilizando en parte esa renta. Esa es la visión de la derecha, que comparten por ejemplo Mark ZuckerbergJeff Bezos y otros magnates de Silicon Valley, o incluso The Economist, que están avalando este tipo de RBU.

De ese modo, nos pagamos los servicios sociales con esa renta…

Eso es, es una propuesta que difiere de la de la izquierda, y que es, a mi juicio, profundamente negativa. Pese a todo, lo interesante es que gracias a que estas fuerzas de la derecha tienen el poder mediático a su favor, han conseguido colocar la Renta Básica Universal en la agenda política. Esto me parece positivo porque ahora podremos discutir de la RBU poniendo encima de la mesa otras visiones y otras propuestas.

¿Cuál sería la de la izquierda?

La opción de izquierdas es: No, no, perdona, mantengamos el Estado de Bienestar con educación, sanidad, pensiones públicas, garantías a la dependencia, escuelas infantiles, pero conceptualicemos una nueva política que actualice el Estado del Bienestar del siglo XX al XXI. Porque las bases por las que se fundó el Estado del Bienestar en el siglo XX están obsoletas. En aquel entonces había, más o menos, pleno empleo, el paradigma estaba en el trabajo, y la Seguridad Social se basa en la contribución social mediante el empleo. Este paradigma hoy en día está en crisis, no solamente porque al capitalismo le cuesta mucho generar pleno empleo, sino porque a medio plazo tenemos lo que se está llamando la Cuarta Revolución Industrial, que es el posible potencial impacto de nuevas tecnologías que pueda reducir empleo.

¿Pero va a haber empleo para todo el mundo?

Empleo va a haber, cuando se habla del fin del trabajo no quiere decir que no vaya a haber trabajo asalariado en la economía, sino que va a ser casi imposible que vaya a haber pleno empleo, hecho que si se vuelve estructural atacaría al mismo derecho al trabajo.

Pese a todo, hay que ser cuidadosos con las previsiones, la OCDE hizo un estudio recientemente criticando el estudio famoso que publicaron Frey y Osborne (2013) en el que se decía que en EE.UU. el 47% del empleo iba a desaparecer —en España se estimó con esa metodología que iba a desaparecer un 55%—matizando la OCDE que en el caso español podría llegar al 12% y no al 55%. No obstante, si a ese porcentaje le añadimos la tasa de paro histórica promedio en España, que es de un 15,7%,  nos encontramos que  mantener estructuralmente un 27-30% de paro es alarmante. En definitiva va a seguir existiendo el empleo asalariado, pero esas cifras indican una situación de crisis importante que habrá que solucionar. Hay varias posibilidades encima de la mesa, una que no se ha experimentado y que me parece muy positiva es la reducción de la jornada laboral, es decir, repartir empleo para que todos trabajemos.

Pero ya se está reduciendo la jornada laboral. Hay incluso contratos de una hora, y no se refleja precisamente una mejoría del estado de bienestar de esos trabajadores.

Claro, pero hay formas y formas de hacerlo. Una cosa es que el mercado, por su propia dinámica, reduzca las horas medias trabajadas a nivel global. Lo que pasa es que hay una distribución muy desigual de esas horas, porque curiosamente hay empleados que cada vez trabajan más: horas no pagadas, la sobreexplotación, los autónomos que no paran de trabajar… y potenciales empleados (parados) que no trabajan nada en el mercado.

Ahora bien, hay que hacer una matización y hablar de la diferencia entre empleo y trabajo. Todos trabajamos, por ejemplo cuando cuidamos a un niño o realizamos las tareas del hogar, eso es trabajo reproductivo. La reducción de jornada laboral puede permitir que amplios sectores de la sociedad y que ahora puedan tener complicado un acceso estable al trabajo, tengan una mayor probabilidad de encontrar empleo, si a su vez lo complementamos con la RBU, tendremos que toda la población disfrutará de una garantía de ingresos y que sectores importantes de la población podrá trabajar aunque sean menos horas que actualmente.

Si se destruye empleo y no se puede contribuir con el trabajo a la economía, ¿no hay Estado del Bienestar?

Claro, el problema es que hoy en día el Estado del Bienestar, sobre todo en España, no llega a cubrir a toda la población. Hay fallos a la hora de alcanzar a todos y de dar un mínimo de garantía de bienestar y calidad de vida. Entonces, en tanto esto pase, los esquemas anticuados del Estado del Bienestar no responden a los nuevos desafíos. Por ejemplo, hoy en día hay un 15% de la población trabajadora, 2,6 millones de trabajadores, que son pobres. Por lo tanto, asumir —como dice mucho el Partido Popular— que la mejor política social es generar empleo, ya no es cierto, en tanto que hay un porcentaje importante de fuerza laboral que, incluso trabajando, no llegan a salir de la situación de pobreza. Por eso el empleo ya no es garantía de bienestar, ni es un pasaporte de ciudadanía. Hay que inventar nuevas fórmulas (como la RBU), una nueva red de seguridad social no vinculada al esquema contributivo, de garantía de un bienestar mínimo correspondiente al siglo XXI en el que la sociedad cada vez es más móvil, donde no hay un empleo estable.

Además, estamos en una sociedad posindustrial apoyada en los sectores con menor valor añadido y vinculados al sector servicios y, en el caso de España, una sociedad que desde la transición nunca ha alcanzado el pleno empleo.

Dicho esto, desde el punto de vista de la izquierda, la RBU se reinterpreta como una nueva actualización del estado de bienestar y a través de la cual se conseguiría la ciudadanía social.

¿Por qué?

Porque ya hay suficiente riqueza en la economía española. Somos la undécima economía del mundo en términos de PIB per cápita. Tenemos un nivel de desarrollo que a veces no nos creemos, somos la cuarta economía de la zona euro. El problema que tiene la economía española es que está muy mal distribuida. Y este es otro dato importante por el que la Renta Básica Universal puede ser interesante, al estar concebida como una gran distribución de la riqueza.

¿Pero hay voluntad política?

Bueno, ese es otro tema, claro. Es un asunto que recientemente ha saltado a la palestra pública, pero propuestas de este estilo existen ya desde la Revolución Francesa y Americana. Thomas Paine y su  Justicia Agraria de 1895, es un ejemplo de que se están discutiendo propuestas desde hace mucho tiempo, aunque sí es verdad que se quedaron más en los circuitos académicos. Si partimos del hecho de que hace nada que estas propuestas son conocidas por la opinión pública, entonces no llevamos un mal ritmo. Por fin, los actores políticos se tienen que definir sobre ellas. Los periodistas ya preguntan a los partidos por su posición con respecto a la RBU. Esto me parece positivo, porque avanza el debate público y se democratiza la discusión.

¿Qué hay de las voces pesimistas que dicen que no va a funcionar porque se promueve el gandulismo, etc?

Para eso están los experimentos. Lo que sí podemos comprobar es que en Alaska no ha ocurrido así, allí se acercan al pleno empleo y no han dejado de trabajar por recibir esa ayuda. Pensar que por darle una renta básica a alguien para que pueda subsistir —sin tener que pedirle permiso al empleador para poder vivir— generará una trampa de pobreza y que fomentará el gandulismo, supone un sesgo de clases. ¿Por qué? No debemos olvidar que hay un número importante de personas en España que tiene dos o más viviendas, y que tienen garantizadas unas rentas derivadas de ese alquiler. Ellos podrían vivir sin necesidad de trabajar. ¿Esas personas acaso han dejado de trabajar?

Volviendo a lo que hacen en Alaska con el petróleo. En Canarias la primera industria es el turismo, ¿no podríamos hacer algo parecido?

Bueno, esa industria tiene impuestos: el IGIC y el IRPF, que aportan dinero a las arcas públicas. Este es un tema complicado porque nos metemos en el mecanismo de recaudación de impuestos. Además hay otro asunto: ¿Hasta qué punto hay una distribución equitativa de los beneficios de una industria como el turismo? En el caso de Canarias hay una injusticia fiscal clarísima y evidente. Entonces está claro que a Canarias le vendría muy bien una RBU porque tiene una mayor tasa de paro que el resto de España —entre Extremadura y Andalucía, es la segunda comunidad más desigual de todo el país—.

Hay que decir también, que desde el punto de vista de la financiación autonómica, Canarias no es la perdedora, no es la que peor está en cuanto a los ingresos que aporta y los que luego recibe.

Pero claro, es insuficiente de cualquier manera, porque tenemos un estado que recauda poco y hay un 8% del porcentaje del PIB que perdemos respecto a la media europea. Hay pocos impuestos a las rentas del capital, y por tanto, una redistribución muy mala de esos ingresos. Canarias, al igual que otras comunidades autónomas, debería recibir más, en tanto el Estado pueda recaudar más, fundamentalmente aumentando los impuestos a las rentas al capital y sobre todo recaudando el dinero público que hoy perdemos a través del fraude y la evasión fiscal.  Este punto es impresionante si pensamos que uno de cada cuatro euros que pasa por la economía española es en negro.  Hay dinero que circula y que no estamos recaudando, no se está distribuyendo y  no está generando bienestar para la población.

No obstante, una RBU para Canarias tendría que venir desde el Estado Central, por cómo está distribuido el sistema competencial actualmente, la CCAA de Canarias no tiene competencias suficientes para llevar a cabo la RBU. Si se implanta la RBU a nivel de toda España, esto sería muy positivo en general, pero incluso más para Canarias, por la situación de vulnerabilidad que hay.

¿Cómo se puede poner en marcha?

Se necesitaría una mayoría en el Parlamento español para que se pudiera aplicar y por ahora no la hay. El Partido Popular no está dispuesto. Ciudadanos, si llega a tener una propuesta, será una visión de derechas de la RBU. Podemos está en una situación en la que podría ser que llegaran a aceptarlo, implementando la RBU no de una vez y para todos, sino por fases, e ir experimentando, por ejemplo con una para menores de edad y que se pueda ir implementando y universalizando poco a poco. Para esto hace falta primero que la ciudadanía, sindicatos y fuerzas sociales estén de acuerdo. Los sindicatos por ahora no la han apoyado porque entienden que una renta mínima condicionada es mejor, una opinión que para mí es equivocada, porque la RBU también sirve para mejorar la fuerza negociadora de los trabajadores respecto a su empleador. Actores sociales, ciudadanía y un partido político mayoritario que asuma esa propuesta, eso es lo que hace falta. Y ahí está la voluntad política.

¿Qué es lo más difícil?

Se necesitará el consenso entre las comunidades autónomas y eso es un hándicap para su implementación. Además, va condicionada a una reforma fiscal para poder garantizarla, y también haría falta una reordenación de toda la política de garantías. Por ejemplo, los subsidios de desempleo o las pensiones no contributivas desaparecían porque en su lugar estaría la RBU. Es decir, su implantación puede encontrar resistencias por parte de trabajadores, administraciones o grupos políticos que no quieren perder su poder. Este sería un primer obstáculo. El segundo es que la RBU es cara, aunque es financiable… ambas cosas son ciertas. En un escenario donde el Estado español está comprometido con los designios de la Unión Europea, que le exige una reducción paulatina del déficit y en el que se ha de cumplir la regla de oro: no puede haber más gastos que ingresos; la reforma fiscal ha de ser sustanciosa. Es problemático, pero no imposible.

Atendiendo al “ya no puedo colocar más productos en el mercado porque no hay quien los compre”, ¿igual la RBU también interesaría al sistema capitalista?

Yo no sería tan optimista, porque las leyes del capitalismo, sujetas a las exigencias de la rentabilidad, siempre operan bajo una lógica individual, y por tanto, a algunos capitalistas les vendrá bien una renta básica universal y a otros no tan bien.

No creo que vaya a ser una medida aplaudida por todos los sectores sociales. Porque si, por ejemplo, para implementar una renta básica hay que subir impuestos, va a haber perdedores. Incluso los estudios más serios que se hacen sobre los efectos netos sobre perdedores y ganadores de una renta básica en España, dan como resultado que un 80% de la población sería beneficiaria neta y un 20% sería perdedora neta.

Hay otro argumento a su favor, y es que podría aumentar el consumo de las familias y engrasar la economía de mercado o dar soluciones a una crisis de demanda interna y, por tanto, más beneficios empresariales. Puede ser que, si en el futuro hay menos empleo y por tanto más conflicto social, la RBU actúe como amortiguador de esa conflictividad. Esas son las hipótesis posibles, pero está claro que ninguna medida es neutral y siempre va a tener  fuerzas a favor y en contra.

Si tuvieras que dibujar un panorama, ¿qué crees que va a ocurrir?

[Risas] Hacer futurología es siempre complicado, pero yo creo que la RBU es una propuesta que se va a introducir cada vez más en la opinión pública—ya lo estamos viendo—, y va a obligar a todos los agentes sociales y políticos a posicionarse. Creo que la población, al escucharla y conocerla, la incluirá en sus espacios de discusión ciudadana y obtendrá cada vez más apoyo, porque es un hecho fáctico: beneficia al 80% de la población menos rica. Entonces creo que estará sobre la mesa en los próximos lustros y que más pronto que tarde, puede haber algunos países que lleguen a implementarla. Si es así, podremos ver si es positiva, y de serlo, se podrá expandir, al igual que lo hizo en su momento la sanidad pública universal. Con todo, siempre habrá un peligro: dependerá de qué RBU sea la que se imponga, porque si es una visión de derecha neoliberal nos encontraremos con que el Estado del Bienestar —que debemos defender con garras y dientes— quede en peligro y ya no se trate de una propuesta emancipadora.

¿Qué pasa con los jóvenes?

Los datos revelan un bajo compromiso político, la mitad de los jóvenes españoles se abstienen en las votaciones, y es una pena. Como decía Salvador Allende: «no ser revolucionario y ser joven es hasta una contradicción biológica». Pero sí creo que la situación ha mejorado y tenemos que, tras el movimiento del 15M, muchos jóvenes se han politizado e incluso han creado nuevas formaciones políticas. Los jóvenes tienen que entender que son copartícipes de una comunidad y que el gran éxito del neoliberalismo ha sido la destrucción de la comunidad. Hay que repolitizar, re-comunitarizar la vida social, y los partidos políticos han de escuchar más a los jóvenes, incluir sus problemáticas en los programas electorales con un lenguaje más accesible. Los jóvenes, por su parte, deberían entender que no son individuos ajenos a lo que ocurre, que el ‘sálvese quien pueda’ es profundamente clasista y que tienen obligaciones como ciudadanos de un estado democrático.

Desde el punto juvenil, la RBU es mucho más beneficiosa para ellos, porque precisamente la tasa de desempleo es mucho mayor en ese grupo. Otro aspecto es la emancipación juvenil, hoy en día muy difícil en España (con una edad media de emancipación juvenil de 29 años, 3 años más tarde que la media europea). La RBU la facilitaría sin duda que puedan planificar su vida y complementar ingresos. La RBU puede servir como un colchón para iniciar nuevos proyectos y asumir un riesgo sin miedo a “quedarse en la calle”. Se dice que en España no se emprende, bueno, es que tú no te tiras a una piscina sin saber si hay agua y la RBU para los jóvenes podría ser esa agua.

¿Qué es lo que desearías?

[Risas] Eso es otra cosa.  Bueno, ante todo, que se experimente. Yo soy cauteloso porque se trata de una medida importante que supone un cambio de paradigma. Una vez se haya experimentado se pueden ver sus efectos positivos o negativos y entonces, que sean las fuerzas políticas —espero que las progresistas fundamentalmente— las que se apunten para que paulatinamente se vaya aplicando.

La RBU es una gran medida política para aumentar la libertad de la población, fundamentalmente porque —y ahí está la clave— sin independencia material, económica, no hay libertad posible. Permite a los ciudadanos ese mínimo para no tener que agachar la cabeza y tener que decir que sí a cualquier tipo de empleo, permite tener la capacidad negociadora tanto en la empresa como en el hogar, frente al poder arbitrario de un patrón o de un marido déspota. Es un escudo de protección frente a todo tipo de interferencia arbitraria porque permite decir NO.

Fotografías de Manu Navarro

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